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LAVOZ
Los estudiantes salieron airosos.
“No hay libertad para todos sino hay igualdad básica que haga posible esa libertad. El que tiene en su haber una formación universitaria o profesional tiene más opciones de vida, puede elegir más, en consecuencia, goza de una libertad mayor…” Victoria Camps.
Barranquilla, noviembre, 15 de 2011
Desde el mes de abril de 2011 cuando se realizaron las primeras manifestaciones de rechazo del proyecto de reforma de la Ley 30 del 92, los estudiantes Universitarios contaron con el respaldo irrestricto de los gremios profesorales nucleados en ASPU y FENALPROU, además los padres de familia, diversos sindicatos y muchos sectores sociales que luego de estudiar críticamente dicho proyecto puso al desnudo las verdaderas intenciones del gobierno de Santos, para seguir violentando la autonomía Universitaria, degradando la calidad y privatizando la educación publica superior eludiendo la responsabilidad estatal de financiar directamente la educación universitaria y no por la intermediación del ICETEX y sectores de la banca privada con el mote de crédito educativo, a bajo costo o sin intereses ya que, se sabe que este mecanismo mantiene a cientos de familia y fiadores endeudadas, tal como ocurrió en Chile, aunque Santos, la Ministra de Educación y los medios proclives al gobierno trataron en vano de desmentir dicha realidad.
Las multitudinarias manifestaciones pacíficas, las diversas acciones simbólicas y, sobre todo las razones expuestas en las audiencias en el Parlamento y en otros espacios dieron al traste con el proyecto gubernamental. La madurez de LA MANE, la representatividad y legitimidad de la misma fueron parte de la fortaleza del movimiento y su conducción acertada para alcanzar este triunfo parcial.
Ahora el retorno a clases tendrá que ser matizado con los procesos de un proyecto alternativo de construcción democrática donde los universitarios y los sectores sociales que defienden la educación como derecho, desarrollarán sus propuestas para discutirlas con los representantes del gobierno y el parlamento.
Quienes se opusieron al movimiento universitario, entre ellos varios Rectores, Ana Sofía Mesa de Cuervo en particular, no solo deben reconocer la justeza de sus causas y el exitoso desarrollo del mismo sino que deben contribuir al proceso de construcción democrático de un nuevo proyecto de educación superior que contemple la garantía del derecho a una educación pública superior de calidad, financiada por el estado.
SANCIÓN EN FIRME CONTRA ANA SOFIA MESA DE CUERVO
A pesar de las múltiples apelaciones hechas por la Rectora frente a las incontables denuncias, quejas y solicitud expresa de investigación por los organismos de control del orden nacional y departamental, presentadas en su contra por los desaciertos administrativos, el desgreño y detrimento patrimonial en que ha incurrido la funcionaria importada del Ministerio de Hacienda de Uribe Vélez, para “sanear financieramente la institución”, y no para liquidarla por la vía del marchitamiento económico, al fin tendremos un respiro en nuestra Alma Mater, en virtud del fallo proferido por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa que al encontrarla responsable, en grado de culpabilidad grave, tendrá que abandonar la Rectoría de la Universidad por un mes, aunque quizás merezca más tiempo de sanción, por la flagrante violación de la ley 909 del 2004, (de carrera administrativa),según la opinión del Doctor Fernando Brito Ruiz, Procurador Segundo, delegado para la Vigilancia Administrativa, firmante de del fallo sancionatorio quien afirma además que “contra esta providencia no procede recurso alguno…”(Pág. , 4, Fallo).
Al día de hoy la doctora Ana Sofía mantiene situaciones dañinas a la salud de la Universidad:
-Una frondosa nómina paralela, ya que violando incluso el adefesio de la ley 550-99, que la trajo aquí, eliminó la totalidad de la planta administrativa, y con los numerosos reintegros se ha visto obligada a cancelar indemnizaciones y retroactivos que alcanzan la suma aproximada de $12.000 millones de pesos.
-180 demandas administrativas de profesores y 441 de trabajadores reclamando el reintegro de los pagos de la prima de antigüedad y bonificación por compensación, conculcadas por la Rectora, algunas de las cuales han sido falladas a favor de los demandantes.
- Un alto número de infuncionales asesores que absorben alrededor de $1.700 millones de pesos por período contratado.
- Contrato leonino con una empresa de vigilancia privada que contribuye de manera significativa al desangre financiero de la institución; sigue reteniendo de manera indebida los aportes de quienes cotizamos a una póliza de seguros colectiva a la empresa MAPFRE, entidad que canceló el contrato por falta de pagos, llámese PECULADO POR APROPIACIÓN.
- Los dineros recaudados por concepto de matrículas y costos educativos de los posgrados van a parar a la fantasma entidad denominada ALMA MATER, investigada, por los organismos de control nacional por sus malos manejos, así como ocurrió con el sotfwar contratado con la Universidad de Pamplona para el funcionamiento del sistema de infamación académica y de admisiones, que resultó un fiasco total.
- Anomalías evidentes en el proceso de concursos públicos de mérito que, le corresponde reglamentar y desarrollar al Consejo Académico y, lo organizó y llevó a cabo la Rectoría con el apoyo de Decanos que, facilitaron la inscripción de personas con grados de parentesco familiar y consanguinidad prohibidos taxativamente por el Régimen único disciplinario, es decir que incurrieron en inhabilidades e incompatibilidades que vician de nulidad todo lo adelantado por el proceso hasta ahora, y por tanto denunciado y cuestionado por participantes, por estudiantes y profesores a través de Tutelas y derechos de petición que, siguen sin resolver.
-Además el sistema de comunicaciones internos está contratado con una empresa privada sin control, sin evaluación ni vigilancia alguna de su funcionamiento y resultados.
- Sigue desmontando la planta de personal docente al mantener laborando mas de 700 profesores temporales: catedrático, ocasionales, expertos, etc. en condiciones indignas, con salarios y prestaciones precarias y bajo la férula de las amenazas si cuestionan cualquier política o acción errática de la administración o se organizan sindicalmente.
-Rompió de manera arbitraria y autoritaria la mesa de trabajo que orientó la directriz del Ministerio de Protección Social para resolver el conflicto laboral colectivo vigente en la universidad.
El Consejo Superior tiene la palabra. Necesitamos un rector honesto, idóneo y académico-investigador. No más intrusos en la dirección universitaria.
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU-ATLÁNTICO
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